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Corte Suprema de EEUU revisa los algoritmos de YouTube, podría llevar a un "campo minado de litigios"

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración con una silueta de un usuario de móvil y una proyección en pantalla del logo de Youtube

Por Andrew Chung

WASHINGTON, 17 feb (Reuters) - En 2021, un tribunal del estado de California desestimó la demanda de una bloguera feminista que acusaba a Twitter Inc de prohibir ilegalmente como "conducta de odio" las publicaciones que criticaban a las personas transgénero.

En 2022, un tribunal federal de California desestimó una demanda de grupos LGBT que acusaban a YouTube, de Alphabet Inc, de restringir contenidos publicados por homosexuales y transexuales.

Estas demandas fueron algunas de las muchas que se desestimaron gracias a una poderosa forma de inmunidad consagrada en la legislación estadounidense que ampara a las empresas de Internet. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 exime a las plataformas de la responsabilidad legal por los contenidos publicados en línea por sus usuarios.

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En un importante caso que se debatirá el martes en la Corte Suprema de Estados Unidos, los nueve magistrados abordarán por primera vez el alcance de la Sección 230. Una sentencia que la debilite podría exponer a las empresas de Internet a múltiples litigios, según los expertos jurídicos.

"Va a haber más demandas que átomos en el universo", dijo el profesor de Derecho Eric Goldman, del Instituto de Derecho de Alta Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara.

Los jueces escucharán los argumentos en una apelación de la familia de Nohemi González -una mujer de 23 años de California asesinada a tiros durante un ataque de militantes islamistas en 2015 en París- contra el fallo de un tribunal inferior que desestimó una demanda contra el propietario de YouTube, Google LLC, por daños y perjuicios monetarios, citando la Sección 230. Google y YouTube forman parte de Alphabet.

La familia alegaba que YouTube, a través de sus algoritmos informáticos, recomendaba ilegalmente a determinados usuarios videos del grupo militante Estado Islámico, que reivindicó la autoría de los atentados.

Una sentencia en contra de la empresa podría crear un "campo minado de litigios", dijo Google a los jueces en un escrito. Una decisión de este tipo podría alterar el funcionamiento de Internet, haciéndolo menos útil, socavando la libertad de expresión y perjudicando a la economía, según la empresa y sus partidarios.

Podría amenazar servicios tan variados como los motores de búsqueda, las listas de empleo, las reseñas de productos y la presentación de noticias, canciones o entretenimiento relevantes, añadieron.

La sección 230 protege los "servicios informáticos interactivos" garantizando que no puedan ser tratados como "editor o portavoz" de la información proporcionada por los usuarios. Los expertos jurídicos señalan que las empresas podrían emplear otras defensas legales si se restringen las protecciones de la Sección 230.

Grupos de defensa de los derechos civiles y del control de armas, entre otros, han manifestado a la corte que las plataformas amplifican el extremismo y la incitación al odio.

Los legisladores republicanos han afirmado que las plataformas reprimen los puntos de vista conservadores. Una coalición de 26 estados afirmó que las empresas de redes sociales "ya no se limitan a publicar" el contenido de los usuarios, sino que "lo explotan activamente".

Las quejas contra las empresas varían. Algunas se han dirigido a la forma en que las plataformas monetizan los contenidos, colocan anuncios o moderan los contenidos eliminando o no determinado material.

Las demandas judiciales suelen alegar incumplimiento de contrato, prácticas comerciales fraudulentas o violaciones de las leyes estatales contra la discriminación, incluidas las basadas en opiniones políticas.

La empresa cuenta con el apoyo de varias firmas tecnológicas, académicos, legisladores, libertarios y grupos de derechos preocupados por el hecho de que exponer las plataformas a la responsabilidad les obligaría a eliminar contenidos ante el más mínimo indicio de controversia, perjudicando la libertad de expresión.

(Reporte de Andrew Chung; Editado en Español por Ricardo Figueroa)